MUJERES CON IGUALDAD SALARIAL PROPONE RICHARD ACUÑA
Mujeres con igualdad salarial es la propuesta del congresista de Alianza para el Progreso (APP), Richard Acuña Núñez, quien presentó un Proyecto de Ley para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres que ocupen un mismo cargo y realicen la misma función laboral.
Congresista Richard Acuña Núñez, segundo vicepresidente del Congreso de la República.
El objetivo del Proyecto de Ley, que lleva por título: “LEY QUE GARANTIZA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO” es garantizar la equidad de género en el empleo, respecto a su acceso, formación y remuneraciones, y se aplicará tanto en el ámbito público como en el privado.
De aprobarse esta iniciativa, el empleador estará obligado a garantizar la igualdad remunerativa y de cualquier otra forma de retribución laboral entre hombres y mujeres que desempeñan un mismo cargo y la misma función. Así también tendrá que establecer condiciones y criterios de equidad de género en sus procesos de selección de personal, publicar en todas sus convocatorias de personal los respectivos procedimientos de contratación y el monto de la remuneración efectiva del cargo que se convoca.
Además establecerá una cuota de género en el acceso a los cargos de nivel jerárquico, buscando el aumento gradual de la participación femenina en estos cargos. La cuota de género deberá ser establecida en el reglamento interno de trabajo de la entidad. También asegurará que en sus planes de formación profesional y de desarrollo de capacidades laborales de sus trabajadores, se garantice la participación de su personal, sin distinción de género.
Entre las disposiciones complementarias que figuran en el Proyecto de Ley, se hace referencia que las entidades públicas están obligadas a contratar a mujeres víctimas de violencia familiar hasta en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 2%. Para tal efecto las mujeres víctimas de violencia familiar deberán acreditar estar inscritas en el Registro Único de Víctimas y Agresores, contemplado en el artículo 42° de la Ley 30364.
Los entes que fiscalizarán el cumplimiento de la norma serán el Ministerio de Trabajo; la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y las Gerencias Regionales de Trabajo acorde a sus competencias.
La exposición de motivos del Proyecto, señala que en el Perú el 84.2 % de las mujeres laboran en el sector de baja productividad, el 11.1 % en el sector de productividad media y 4.7 % en el sector de alta productividad. En estos dos últimos sectores se requiere mayor nivel de estudio y especialización.
“La población asalariada de mujeres alcanza un 36.9 % respecto al 51.5 % de hombres; en la categoría de generación de recursos de manera propia, la población de mujeres alcanza un 38.4 % y los hombres un 37.5 %; y en la categoría que realizan trabajos familiares no remunerados, las mujeres alcanzan un 17 % y los hombres tan solo el 5.8 %”, según datos de la Encuesta de Hogares (BADEHOG), realizada en 2014 por la CEPAL…
Una muestra de la desigualdad en los ingresos que tienen las mujeres en relación a los hombres, es que en el país, por cada 100 dólares que recibe un hombre de acuerdo a los años de estudio, una mujer recibe en promedio 73.7 dólares; las mujeres con estudios de 6 a 9 años, obtienen ingresos de 72.7 dólares, y las mujeres entre 0 a 5 años de estudio perciben 69.7 dólares.
En las regiones donde se dieron normas legales en favor de la igualdad salarial, se disminuyó levemente la disparidad de género. En Chile se dio la Ley 20348, que permitió que el 24% de mujeres ocupen cargos de alta responsabilidad y para el 2018 se proyecta que la cifra se incremente en 40%. En tanto en Colombia, mediante la Ley 1496 se garantizó la igualdad salarial y la retribución laboral entre mujeres y hombres. En ella se obliga a las empresas a llevar un registro de cargos y remuneraciones con el objetivo de eliminar las diferencias salariales a trabajos de igual valor.
La implementación del proyecto, no ocasionará gasto adicional al Estado, debido a que los puestos de trabajo ya están presupuestados en los planes anuales de las entidades públicas y privadas.
