DENUNCIA CONTRA ALIANZA PARA EL PROGRESO ES INFUNDADA
El personero legal alterno del partido político, Alianza para el Progreso (APP), José Roberto Barrionuevo, pidió declarar infundada la denuncia interpuesta por el militante del partido aprista, Carlos Calderón Carbajal; debido a que la publicidad de las universidades César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma del Perú, es netamente comercial y no corresponde a propaganda electoral.
Este pedido lo hizo al presentar los descargos ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, respecto a la denuncia interpuesta contra Alianza Para el Progreso, sobre el supuesto uso de recursos para la campaña política de parte de las citadas universidades.
Barrionuevo señaló que la denuncia del militante aprista es ilegal, infundada y maliciosa, argumentando que es falso que las citadas instituciones privadas de educación superior universitaria hayan desplegado o estén manteniendo propaganda electoral a favor de César Acuña y que Calderón confunde lo que es publicidad (fines comerciales) con propaganda (fines electorales), pretendiendo confundir al JNE.
Sobre el pedido de denuncia penal a los propietarios y funcionarios de las universidades por delito contra la función pública, el descargo refiere que las universidades están constituidas como personas jurídicas de derecho privado (Sociedades Anónimas Cerradas – SAC), y no entidades públicas, y por lo tanto sus propietarios y representantes académicos, no son empleados públicos y menos funcionarios del Estado.
Respecto a la petición, que el Doctor Francisco Távara, se abstenga de conocer y resolver la causa, considera que es un infundio calumnioso cuyo objetivo es sembrar duda de la imparcialidad de este ente rector de la Justicia Electoral y que al militante aprista no le asiste la razón al hacer tal denuncia, entendiendo que es ilegal y maliciosa.
Considera que el propósito del denunciante es desprestigiar, a cualquier costo, la candidatura de César Acuña y Alianza Para el Progreso y que permanentemente y en cada campaña electoral utiliza este tipo de argucias sin ninguna reserva moral o ética y siempre sin fundamento.
Refiere que los avisos publicitarios de las universidades citadas, ratificado por el Fiscalizador del JNE, vienen siendo emitidos hace varios años y se refieren exclusivamente a la promoción de los servicios universitarios y programas de extensión universitaria, propios de su actividad y carecen de contenido político y menos hacen referencia al partido político.
Indica que la asociación de esta publicidad comercial, con la candidatura reciente de César Acuña Peralta, es subjetiva y pretende ser relacionarla con una coyuntura circunstancial y carece de lógica.
Recuerda que las universidades por vocación y deber constitucional deben estar al servicio de la comunidad en la que se insertan, procurar el desarrollo humano y nacional, fomentar a democracia y las prácticas democráticas y apostar decididamente por el desarrollo y la identidad nacional, la preservación de la cultura y difusión del conocimiento, el arte y tecnología, al servicio de los ciudadanos del Perú.
El descargo presentado también hace referencia a la utilización, que de forma permanente hacen otras agrupaciones políticas en nuestro país, de locales y rentas de algunos centros universitarios como la Universidad Nacional Federico Villareal, la Universidad Asociativa San Martín de Porres y la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega, que son utilizadas como medios políticos de un partido determinado.
